La crisis continúa vigente para buena parte de la población valenciana. El desempleo nos hace especialmente vulnerables y ni siquiera el acceso al trabajo garantiza salir de la pobreza o la exclusión social. Actualmente, uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana está en situación o riesgo de pobreza.
Ante las próximas elecciones, reclamamos poner en el centro del debate político la inclusión, el empleo y la justicia social. Nova Feina, como parte de la sociedad civil valenciana, se suma a las reivindicaciones de las plataformas representativas del tercer sector de las que formamos parte: las redes de lucha contra la pobreza y la exclusión, la justicia fiscal, las finanzas éticas y una economía con valores, social y solidaria.
Por ello, exigimos a todas las candidaturas un compromiso claro con:
La adecuada dotación y ejecución total de los presupuestos para las políticas sociales y la igualdad, la lucha contra la pobreza, la accesibilidad universal, la educación y la sanidad públicas y en defensa del medio ambiente.
La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pilar Europeo de Derechos Sociales deben enmarcar y vincular todas las políticas e iniciativas de la Comunitat Valenciana para lograr un cambio de modelo social, siendo prioritarias la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social.
Reconocer los derechos sociales, entre ellos, y con especial prioridad, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda social, el sistema de pensiones, y las rentas básicas garantizadas, como bases fundamentales del Modelo Social de nuestro Estado de Bienestar. Dotar adecuadamente la línea presupuestaria para la implementación y el desarrollo de la Renta Valenciana de Inclusión.
La Comunidad Valenciana debe realizar avances medibles en la transición hacia una economía verde y circular, de acuerdo con los objetivos de la Agenda de Naciones Unidas para el año 2030 en campos como: las energías renovables, la agricultura ecológica, la reconversión de modelos de consumo, la innovación y la cohesión social.
Contar con un sistema fiscal suficiente, equitativo, eficiente y justo a fin de incrementar la recaudación y por ende la inversión social. Que nuestra comunidad sea un territorio libre de paraísos fiscales, con impuestos progresivos, reducciones para personas con necesidad que contribuyan a reducir la brecha de género y eliminando exenciones injustificadas.
Impulsar una contratación pública ética y responsable, con la aplicación real de la reserva de mercado y cláusulas sociales que incluyan, entre otras, la contratación de personas en situación vulnerable por parte de las empresas adjudicatarias, así como fomentar que los materiales de los proveedores provengan de comercio justo y/o empresas de inserción. Defendemos la aplicación y continuidad de la acción concertada social con entidades sin ánimo de lucro o (privadas) de iniciativa social.
La aprobación de una legislación autonómica de apoyo activo a las familias y demás unidades de convivencia, que asegure el acceso a las mismas – y en especial a los y las niños y niñas creando e impulsando un Pacto Autonómico- que garantice la cobertura mínima de los bienes materiales y sociales básicos.
El adecuado desarrollo de la estrategia valenciana por la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de delitos de odio, con presupuesto suficiente que garantice la protección jurídica real y efectiva.
La creación de la Mesa de Diálogo Civil en la Comunitat Valenciana, con la participación de las plataformas del tercer sector más representativas, que institucionalice la interlocución, la consulta y la negociación en la construcción consensuada de las políticas sociales y de inclusión.
Destinar efectivamente en la legislatura el 0,7 % de los presupuestos autonómicos a cooperación internacional al desarrollo, alineada con un enfoque para el desarrollo sostenible que contribuya a la puesta en práctica de la Agenda 2030.
Un compromiso firme con la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo, la pobreza energética y la creación de un verdadero parque público, social y accesible de vivienda. Contar con una estrategia pública de arraigo local, lucha contra la despoblación y desarrollo rural inclusivo.
Adoptar y desplegar una Ley territorial del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana, que reconozca jurídicamente, de soporte y estabilidad institucional y económica al conjunto de entidades que integran esta parte de la sociedad civil organizada. Además, el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, creará asimismo un Fondo territorial de Innovación Social, dotado suficientemente, dirigido a financiar programas sociales de inclusión desde enfoques innovadores realizados por organizaciones del tercer sector de acción social.
